Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la capital queretana, Ulises Gómez de la Rosa, acompañado por la regidora de Corregidora, Mireya Fernández; el diputado federal Luis Humberto Fernández, y los diputados locales Sinuhé Piedragil y Homero Barrera, alzó la voz en respaldo a las denuncias de habitantes del fraccionamiento Paisajes de Lourdes y la delegación Santa Rosa Jáuregui, quienes enfrentan serias problemáticas sociales e institucionales.
En el caso de Paisajes de Lourdes, Gómez de la Rosa denunció el abandono y abuso institucional que sufren vecinos desde hace más de dos décadas. Señaló que Héctor López Rodríguez, responsable de la inmobiliaria que vendió los predios, mantiene una deuda superior al millón de pesos por concepto de agua, situación que ha provocado que las familias enfrenten cobros excesivos, afectando gravemente su economía. A ello se suma la falta de escrituras —a pesar de haber sido pagadas— y el acceso limitado a servicios básicos como la energía eléctrica.
“No se puede permitir que la irresponsabilidad y el abuso de una sola persona siga traduciéndose en injusticias para toda una comunidad”, enfatizó Gómez de la Rosa, haciendo un llamado urgente a las autoridades para atender este caso de negligencia prolongada.
Asimismo, denunció irregularidades en Santa Rosa Jáuregui, donde —según afirmó— funcionarios municipales habrían designado en la clandestinidad a integrantes de los Comités de Participación Ciudadana sin realizar convocatorias públicas ni procesos democráticos.
“Hoy queremos denunciar que, en la clandestinidad, funcionarios del Ayuntamiento de Querétaro se dedicaron a nombrar unilateralmente a los representantes de los Comités de Participación Ciudadana… sin mediar procedimiento alguno de elección”, subrayó.
Gómez de la Rosa criticó que estas estructuras estén siendo utilizadas con fines político-electorales y que estén encabezadas por personas sin legitimidad social. “Estas estructuras las encabezan panistas venidos a menos en las comunidades, que no representan el sentir ciudadano, ni tampoco son interlocutores válidos frente al pueblo”, acusó.
El también activista advirtió que este tipo de prácticas buscan controlar el acceso a la obra pública y a los programas sociales con fines partidistas: “Con esta acción se traza una ruta al 2027 para preparar estructuras rumbo al proceso electoral. Como ya no les están funcionando las bardas, ahora quieren meterle mano a las estructuras ciudadanas”, denunció.
Ante este panorama, Gómez de la Rosa anunció dos acciones inmediatas:
- Iniciar una ruta legal para impugnar los nombramientos irregulares de los comités.
- Constituir comités legítimos, avalados ante notario público, que respondan verdaderamente a las necesidades de la comunidad en temas como acceso al agua, drenaje, seguridad, movilidad, salud y la demanda de municipalización.
“Vamos a construir una representación social genuina que no esté al vaivén de los gobiernos en turno, sino que responda a las verdaderas necesidades de la gente”, concluyó.
