En sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales se presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial del estado, enviada por el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González.
La reunión contó con la asistencia del presidente de las comisiones, Guillermo Vega Guerrero, así como del diputado Enrique Correa Sada, quien expuso ante sus homólogos los alcances de la propuesta.
El legislador explicó que la iniciativa deriva del decreto federal de reforma del 15 de septiembre de 2024, el cual establece la obligación de las entidades federativas de adecuar su marco constitucional local para concretar la renovación total de los cargos de elección del Poder Judicial, proceso que deberá concluir en el periodo electoral de 2027.
Elección popular de jueces y magistrados
Correa Sada detalló que la propuesta plantea que magistrados y jueces sean electos mediante voto directo y secreto de la ciudadanía. El mandato de los jueces sería de nueve años, con posibilidad de una reelección, mientras que el Tribunal Superior de Justicia estaría conformado por al menos 13 magistraturas propietarias y sus respectivos suplentes.
Indicó que esta reforma representa un cambio estructural en la forma de acceso a los cargos judiciales, al pasar de un esquema de designación a uno de elección popular.
Entre los requisitos para ser magistrado se contempla haber residido en el estado durante al menos los tres años previos a la elección; no haber ocupado el cargo de titular de una secretaría del Poder Ejecutivo, fiscal o diputado local durante el año anterior a la convocatoria; además de que se elimina el requisito de edad mínima para acceder al cargo.
Nuevos órganos y límites salariales
La iniciativa también propone la creación de un órgano de administración judicial integrado por cinco miembros, además de representantes de barras y colegios de abogados y universidades del estado. Sus integrantes serían designados por el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante mayoría calificada. Durarían seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
Asimismo, se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Financiera, conformado por cinco personas electas por la ciudadanía y sus suplentes, quienes permanecerían seis años en funciones, con renovación escalonada y sin opción a reelección.
La propuesta establece además que ningún magistrado podrá percibir una remuneración superior a la del titular de la Presidencia de la República.
Entrada en funciones y justicia restaurativa
De acuerdo con lo expuesto, las personas juzgadoras electas en el proceso ordinario de 2027 entrarían en funciones el 1 de octubre de ese año, en concordancia con la reforma constitucional federal. También se prevé la prohibición de proselitismo por parte de partidos políticos y servidores públicos, a fin de evitar injerencias en el proceso.
Finalmente, el diputado Enrique Correa señaló que la iniciativa busca impulsar un modelo de justicia restaurativa, privilegiando mecanismos alternativos de solución de conflictos, con el objetivo de reducir la carga de trabajo en los tribunales, acortar tiempos de resolución y disminuir los costos de judicialización.
