Durante la Sesión de Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, diputadas y diputados aprobaron diversos dictámenes en materia de seguridad, justicia, desarrollo social, protección a grupos vulnerables y medio ambiente, entre los que destaca la creación de la Unidad Especializada en Materia de Extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado.
Con la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se establece dicha unidad adscrita a la Dirección de Acusación de la Vicefiscalía de Investigación y Persecución del Delito, con el objetivo de investigar y perseguir el delito de extorsión y conductas vinculadas, además de promover la coordinación e intercambio de información entre instituciones y órdenes de gobierno.
Asimismo, se avaló reconocer a “Sinergia por Querétaro” como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad, a fin de fortalecer la operatividad coordinada entre corporaciones, definir objetivos prioritarios comunes y generar estrategias de prevención y combate a delitos de alto impacto.
En materia penal, se aprobó la derogación del delito de extorsión del Código Penal del Estado, con el propósito de armonizar la legislación local con el marco federal, evitando duplicidades y garantizando una aplicación clara de la Ley General en la materia.
También se avaló reformar el Código Penal para sancionar la oferta de servicios académicos sin reconocimiento de validez oficial, estableciendo penas de tres meses a cuatro años de prisión y hasta 180 días multa para propietarios o administradores de instituciones que incurran en esta práctica.
En otro dictamen, se aprobó la tipificación de la cobranza extrajudicial ilegal, incluyendo prácticas como el “crédito gota a gota”, imponiendo penas de dos a seis años de prisión y de 350 a 500 días multa, con agravantes cuando se trate de víctimas en situación de vulnerabilidad o cuando el responsable se ostente como integrante de una organización delictiva.
La Legislatura también avaló reformas al Código Civil y al Código Penal para impedir que personas condenadas por feminicidio o delitos sexuales tengan bajo su cuidado a menores de edad o ejerzan la patria potestad, privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, se aprobaron reformas para aumentar las penas por homicidio y lesiones viales ocasionadas por conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, estableciendo sanciones de cinco a 12 años de prisión, además de trabajo comunitario y multas, con el fin de fortalecer la seguridad vial y proteger el derecho a la vida.
En el ámbito administrativo, se autorizó la extinción del Organismo Público Descentralizado Prodabitur Querétaro, al considerar que dejó de cumplir con sus fines, cuyas funciones serán asumidas por el Fideicomiso Promotor del Turismo en el Estado de Querétaro (Fiprotur).
Finalmente, se aprobaron exhortos al Poder Ejecutivo del Estado para facilitar permisos de estacionamiento a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, así como a los 18 ayuntamientos y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para priorizar el uso de plantas nativas o endémicas en programas de forestación y reforestación, con el objetivo de conservar la biodiversidad y fortalecer la adaptación al cambio climático.
