En sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado, presidida por el diputado Homero Barrera Mcdonald e integrada por la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar y el diputado Enrique Antonio Correa Sada, se aprobó el proyecto de dictamen que incluye 16 minutas de reforma constitucional federal, entre ellas una relativa al delito de extorsión.
Entre las reformas analizadas se encuentran temas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas; Guardia Nacional; áreas y empresas estratégicas; vías y transporte ferroviario; bienestar; vivienda para personas trabajadoras; protección y cuidado animal; seguridad pública; protección a la salud; simplificación orgánica; prisión preventiva oficiosa; no reelección y nepotismo electoral; apoyo a jóvenes; fortalecimiento de la soberanía nacional; simplificación administrativa y digitalización; y extorsión.
El diputado Enrique Correa Sada manifestó su respaldo a estas reformas y subrayó la relevancia del dictamen sobre extorsión, al considerarlo un delito que afecta gravemente la vida de las personas. “La extorsión no solamente significa el robo, sino generar temor en la ciudadanía. Es uno de los delitos más graves y perjudiciales, porque vivir con miedo es lo que más vulnera a una comunidad”, expresó, al anticipar su voto a favor.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Homero Barrera, resaltó que aunque 15 de las 16 minutas ya han sido aprobadas en otros estados y forman parte del marco legal vigente, la referente al delito de extorsión es de especial urgencia. Explicó que, de acuerdo con cifras nacionales, durante el primer semestre de 2025 se documentaron 5,887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que existen registros, y que para los primeros siete meses del mismo año se reportaron 6,880 casos, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2024.
En Querétaro, agregó, la tendencia también muestra un crecimiento preocupante: 266 carpetas de investigación abiertas en 2024 frente a 197 en 2023, lo que equivale a un aumento del 35%. Además, el costo promedio del delito para una unidad económica en el estado ascendió a 69 mil 919 pesos en 2023, comprometiendo la viabilidad de muchos negocios. Barrera señaló también la existencia de una “cifra negra”, es decir, los casos que no se denuncian por miedo, desconfianza o falta de esperanza en que haya justicia.
“Legislar en materia de extorsión tiene como objetivo establecer un marco legal generalizado que homologue sanciones, procesos y medidas preventivas en todo el país. Con esta reforma buscamos que Federación y estados trabajen de manera coordinada en la denuncia, protección de víctimas, persecución y sanción del delito”, subrayó Barrera.
Con esta aprobación en Comisión, el dictamen será turnado al Pleno de la Legislatura para su análisis y eventual votación.
