La diputada Claudia Díaz Gayou, acompañada por los legisladores Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, informó que presentará ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo una Iniciativa de reforma a la Constitución local en materia del Poder Judicial del Estado de Querétaro, armonizada con la Constitución federal.
La legisladora recordó que recientemente el Poder Ejecutivo envió una propuesta relacionada con el mismo tema, por lo que expresó su expectativa de que ambas iniciativas sean analizadas y, en su caso, acumuladas para su estudio. Señaló que los dos proyectos de reforma presentados previamente por la denominada Cuarta Transformación ya fueron dictaminados y concluyeron su procedimiento legislativo.
Díaz Gayou indicó que existen diferencias sustanciales entre ambas propuestas. Explicó que, mientras la postura de la 4T busca que los cambios queden establecidos directamente en la Constitución, el Poder Ejecutivo propone que gran parte de las modificaciones se trasladen a leyes secundarias.
Entre los puntos que consideró ambiguos en la propuesta del Ejecutivo, mencionó el planteamiento de que “al menos debe haber 13 magistrados”, así como la ampliación del catálogo de perfiles que podrían aspirar al cargo. “El espíritu de la reforma al Poder Judicial es muy claro, y sólo se tiene que hablar de 13 magistrados”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que los requisitos para ocupar una magistratura deben quedar plasmados en la Constitución y no en leyes secundarias, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde —dijo— podrían establecerse criterios discrecionales. Añadió que las restricciones deben ser claras para impedir que exfuncionarios públicos, como gobernadores, legisladores, integrantes de ayuntamientos, secretarios del Poder Ejecutivo o fiscales, puedan aspirar a ser jueces o magistrados.
La diputada por el Partido del Trabajo señaló que la reforma judicial surgió con el propósito de eliminar privilegios, como el hecho de que magistrados retirados reciban una remuneración equivalente a la mitad del tiempo que estuvieron en el cargo, por lo que consideró necesario terminar con ese tipo de prerrogativas.
En cuanto al órgano de administración judicial, explicó que la iniciativa de la 4T propone que sea electo una vez que se hayan designado a los nuevos jueces y magistrados, a fin de garantizar un proceso democrático interno. En contraste, afirmó que la propuesta del Ejecutivo busca integrar dicho órgano antes de la elección, lo que —a su juicio— permitiría un control anticipado de la administración del Poder Judicial.
Respecto a la duración del cargo, detalló que el Ejecutivo plantea una elección escalonada permanente de siete magistrados por nueve años y seis por seis años. Por su parte, la propuesta de la 4T contempla mantener una duración constitucional de nueve años con una renovación escalonada, con el objetivo de evitar la parálisis del Poder Judicial y garantizar eficiencia, transparencia y continuidad en los procesos.
“Esta es una lucha ideológica y el movimiento de la Cuarta Transformación está buscando reformas constitucionales en México que sean progresistas, leyes cercanas a la gente y que no solamente sean beneficiados unos cuantos”, expresó la legisladora, al reiterar que desde el Congreso del Estado continuarán impulsando reformas acordes con los principios del movimiento.
