La diputada local por Morena, Sully Mauricio Sixtos, afirmó que la reciente aprobación de la Ley General de Aguas por el Congreso de la Unión representa un avance histórico al reconocer el agua como un derecho humano y no como una mercancía; sin embargo, advirtió que su correcta implementación dependerá de una reglamentación justa, con liderazgo del Estado y sin la intervención de intereses industriales.
La legisladora, quien preside la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado de Querétaro, subrayó que esta reforma devuelve al Estado la rectoría sobre el agua, lo que permitirá evitar que el recurso continúe siendo acaparado por sectores industriales, mientras las familias y el campo enfrentan escasez.
“La gestión del agua no puede quedar en manos de intereses industriales ni de quienes históricamente han concentrado concesiones. El agua debe priorizar a los hogares y a quienes producen nuestros alimentos”, sostuvo.
Sully Mauricio señaló que, mientras la ley no sea publicada ni se emitan los reglamentos correspondientes, es indispensable garantizar una participación activa del Estado en la toma de decisiones, con reglas claras que prioricen el uso doméstico y la producción agropecuaria familiar por encima del uso intensivo industrial.
Asimismo, reconoció la realización de foros regionales y los esfuerzos por llevar la voz del campo a las mesas de trabajo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); no obstante, enfatizó que dicha participación debe ser real y vinculante, con un enfoque de justicia social que contemple la actualización de concesiones obsoletas, la revisión de volúmenes asignados y el combate al acaparamiento del recurso.
Finalmente, la diputada reiteró que la Ley General de Aguas prohíbe la mercantilización del agua y promueve la sustentabilidad, por lo que llamó al Estado a asumir su responsabilidad, garantizando transparencia, información actualizada sobre los acuíferos y reglas que protejan a las comunidades rurales de los 18 municipios de Querétaro.
“Esta ley es una oportunidad histórica. Si el Estado se pone del lado del pueblo y del campo, podremos garantizar agua para todas y todos. Desde Querétaro vamos a vigilar que no se legisle en favor de intereses industriales por encima del derecho humano al agua”, concluyó.
