Diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura del estado presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro con el objetivo de sancionar la cohabitación forzada, a fin de homologar la legislación estatal con el Código Penal federal.
El coordinador del grupo legislativo, diputado Guillermo Vega Guerrero, encabezó la presentación acompañado de las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Juliana Rosario Hernández Quintanar y Alejandrina Verónica Galicia Castañón; del diputado Luis Antonio Zapata Guerrero; así como de la ex diputada federal Jacqueline Hinojosa Madrigal, quien acudió en representación de la activista por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz.
Durante su intervención, la diputada Leonor Mejía Barraza explicó que la iniciativa busca adicionar un capítulo específico al Código Penal del Estado para tipificar y sancionar la cohabitación forzada. Señaló que, aunque el matrimonio infantil ya está prohibido en México, las uniones informales continúan ocurriendo fuera del marco legal, lo que representa una grave forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La legisladora subrayó que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, la libertad, la autonomía, la protección contra la violencia, así como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Añadió que la ausencia de este tipo penal en la legislación local perpetúa la impunidad y limita la capacidad del Estado para intervenir y garantizar justicia.
Mejía Barraza citó datos de organismos nacionales e internacionales, como Save the Children y el INEGI, que señalan que más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en uniones tempranas en el país, de las cuales el 76 por ciento corresponde a niñas, quienes en la mayoría de los casos mantienen una relación con parejas significativamente mayores.
La iniciativa propone la creación del Capítulo Cuarto denominado “Cohabitación Forzada”, mediante la adición del artículo 169 Bis, para sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a otra persona a vivir en una relación equiparable al matrimonio, cuando se trate de personas menores de 18 años, personas que no comprendan el significado del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo.
Las sanciones contempladas van de 8 a 15 años de prisión, multas de mil 500 a 3 mil UMAS y la reparación del daño equivalente de 2 mil a 3 mil 500 veces el valor diario de la UMA. Asimismo, se prevén agravantes cuando exista parentesco por consanguinidad o afinidad, aumentando en un tercio las penas establecidas.
En su participación, Jacqueline Hinojosa Madrigal compartió un mensaje en representación de Eufrosina Cruz, quien vivió un intento de matrimonio forzado en su infancia y ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Recordó que esta iniciativa ya fue impulsada a nivel federal y destacó la importancia de que las legislaciones estatales se sumen a la protección efectiva de la infancia.
Las y los legisladores del PAN reiteraron que la protección de niñas, niños y adolescentes es una obligación del Estado, y afirmaron que ninguna costumbre o práctica cultural puede estar por encima de la dignidad y los derechos humanos de la niñez.
