Los diputados locales Ulises Gómez de la Rosa, Sinuhé Piedragil Ortiz y Sully Mauricio Sixtos, en conjunto con el diputado federal Luis Humberto Fernández, así como con los regidores Mireya Fernández, del municipio de Corregidora, y Óscar Sandoval, de San Juan del Río, dieron a conocer una propuesta en materia de vivienda popular que será presentada a los alcaldes de la zona metropolitana del estado y a desarrolladores inmobiliarios.
De acuerdo con lo expuesto por las y los legisladores, la propuesta busca generar condiciones reales para la construcción de vivienda popular en Querétaro, a través de la participación conjunta de cámaras de la construcción y vivienda, desarrolladores inmobiliarios y gobiernos municipales. El planteamiento contempla cuatro ejes principales: que las utilidades de los desarrolladores sean socialmente responsables; la exención del pago por traslado de dominio para viviendas con valor menor a 713 mil 244 pesos; la toma de agua potable gratuita, y que los gastos y derechos notariales se reduzcan al 20 por ciento.
El diputado Ulises Gómez de la Rosa señaló que la vivienda social dejó de construirse en Querétaro desde la década de 2010, debido a la falta de incentivos para las empresas constructoras. Explicó que, ante esta situación, los desarrolladores se han enfocado en vivienda de clase media y residencial, lo que ha provocado una oferta muy limitada de vivienda popular.
Por su parte, el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz recordó que desde 1985 Querétaro ha sido un estado receptor de migración nacional e internacional, lo que ha generado un crecimiento poblacional acelerado, pero sin un desarrollo equilibrado. Afirmó que el sector inmobiliario ha priorizado proyectos de alto costo, dejando fuera a los sectores de menores ingresos y evidenciando la ausencia de una política estatal de vivienda social.
Piedragil Ortiz coincidió en que la oferta de vivienda en la entidad se dirige principalmente a la clase media y alta, debido a que la vivienda popular no representa un negocio atractivo para las grandes desarrolladoras y por la falta de voluntad gubernamental para impulsar una política pública enfocada en los sectores de menores recursos, lo que obliga a muchas familias a depender exclusivamente de programas federales.
En este contexto, el diputado federal Luis Humberto Fernández, quien coordinó los esfuerzos de la propuesta, destacó que Querétaro ha vivido un importante auge inmobiliario en las últimas dos décadas, al pasar de un millón a 2.5 millones de habitantes, lo que derivó en la construcción de más de 100 mil viviendas. Sin embargo, subrayó que este crecimiento no ha beneficiado a todos los sectores de la población.
El legislador federal compartió datos que reflejan la problemática: en 2025, menos del 5 por ciento de las viviendas construidas en el estado correspondieron a vivienda popular; alrededor de 40 mil familias con crédito INFONAVIT no pueden ejercerlo por falta de oferta; Querétaro se mantiene entre los estados con vivienda más cara del país, y se considera vivienda popular aquella con un valor de hasta 200 UMAs, equivalente a 713 mil 244 pesos.
Las y los legisladores hicieron un llamado a autoridades municipales y al sector inmobiliario para sumar esfuerzos y garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias queretanas de menores ingresos, permitiéndoles construir un patrimonio y mejorar su calidad de vida.
