La diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Querétaro, informó que se llevó a cabo un análisis del marco normativo y operativo que regula el uso de drones en México y su impacto directo en la entidad, con el objetivo de contribuir a un desarrollo tecnológico ordenado, seguro y orientado al interés público.
La legisladora explicó que este ejercicio tuvo como eje central la identificación de las atribuciones federales vigentes, las competencias locales existentes y las áreas de oportunidad para que el Poder Legislativo del estado acompañe, de manera responsable, la incorporación de esta tecnología emergente.
Detalló que el análisis concluye que la regulación de los Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) es una atribución exclusiva del ámbito federal, encabezada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, la cual establece los requisitos técnicos, operativos y legales para su uso en el territorio nacional.
Entre las principales obligaciones federales se encuentran el registro obligatorio de los drones ante el Registro Aeronáutico Mexicano, la certificación de piloto remoto para operaciones comerciales, la contratación de seguros de responsabilidad civil, así como la implementación de sistemas de identificación obligatoria, permisos digitales para operar en zonas restringidas y un esquema de sanciones más estricto para quienes incumplan la normatividad.
La diputada Andrea Tovar señaló que, si bien en Querétaro no existe legislación estatal específica en materia de drones, el análisis identifica disposiciones locales que inciden de manera indirecta en su operación, como la Ley de Gobierno Digital del Estado y la Ley de Protección Civil, que establece obligaciones en materia de prevención, atención de riesgos y coordinación ante emergencias.
Asimismo, destacó la relevancia de la Ley de Protección de Datos Personales, la cual impone obligaciones estrictas relacionadas con la captación de imágenes, audio y datos sensibles, aspectos que —dijo— requieren mayor atención y fortalecimiento en el ámbito local.
Finalmente, la legisladora planteó la necesidad de identificar acciones estratégicas que garanticen operaciones seguras y socialmente aceptables en el estado, como la definición de centros seguros de entrega en hospitales, edificios públicos o comercios, la verificación de certificaciones de pilotos remotos y la exigencia de pólizas de seguro debidamente aprobadas.
Desde una visión proactiva, Andrea Tovar subrayó que la Legislatura debe acompañar el desarrollo tecnológico sin invadir competencias federales, mediante la creación de procesos complementarios de verificación en materia de seguridad, protección civil, protección de datos personales y seguros mínimos.
