Diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro presentaron una iniciativa de ley en materia de extorsión, la cual propone derogar el tipo penal local de este delito en el Código Penal del estado, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La iniciativa fue dada a conocer por el diputado Homero Barrera McDonald, acompañado por el coordinador legislativo de MORENA, Edgar Inzunza Ballesteros; las diputadas Sully Yanira Mauricio Sixtos y Claudia Díaz Gayou; los diputados Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Ulises Gómez de la Rosa; así como el diputado federal Luis Humberto Fernández y el secretario general de MORENA en Querétaro, Israel Alejandro Pérez Ibarra.
Durante su intervención, Homero Barrera explicó que esta propuesta deriva de la reforma constitucional federal impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de Extorsión, con el propósito de establecer un marco jurídico nacional uniforme para combatir este delito.
El legislador recordó que dicha Ley General es de aplicación obligatoria para todas las entidades federativas, por lo que los estados están jurídicamente obligados a armonizar su legislación local. En ese sentido, señaló que mantener un delito de extorsión distinto en el Código Penal de Querétaro genera confusión y contradicciones legales, además de debilitar la actuación de las autoridades, especialmente cuando la extorsión se comete desde otras entidades o desde centros penitenciarios.
La iniciativa propone derogar el artículo 198 y el Capítulo Séptimo del Título Décimo, Sección Primera, del Libro Segundo del Código Penal para el estado de Querétaro, a fin de que el delito de extorsión sea perseguido y sancionado exclusivamente bajo el marco de la legislación federal. Asimismo, se plantea homologar las penas, pasando de sanciones actuales de 4 a 10 años de prisión, a una pena base de 15 a 25 años, con agravantes que podrían alcanzar hasta 42 años de prisión, además de que el delito sea perseguido de oficio.
Barrera McDonald subrayó que la derogación del tipo penal local no implica despenalizar la extorsión ni generar impunidad, sino fortalecer la respuesta del Estado mediante un marco jurídico nacional que permita una actuación más eficaz frente a un delito que opera de manera organizada, interestatal y digital.
Por su parte, el diputado Edgar Inzunza Ballesteros coincidió en que esta iniciativa responde tanto a una obligación constitucional como a una realidad que afecta directamente a las familias y a los sectores productivos de Querétaro. Destacó que la armonización legislativa permitirá fortalecer las investigaciones, evitar duplicidades normativas y mejorar la coordinación entre autoridades, especialmente en municipios de la zona metropolitana y en San Juan del Río, donde este delito ha tenido un impacto creciente.
Finalmente, el diputado federal Luis Humberto Fernández reconoció a las y los legisladores locales de MORENA por la presentación de esta iniciativa, la cual calificó como un paso importante para brindar mayor certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía frente a un delito que genera un profundo daño social.
