La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT) en la LXI Legislatura del estado, diputada Claudia Díaz Gayou, acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, el diputado Eric Silva Hernández y la dirigente estatal de MORENA, Gisela Sánchez de León, presentó un análisis con diversas inconsistencias respecto a la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 del municipio de San Juan del Río.
La legisladora explicó que los estudios realizados han priorizado a los municipios de la zona metropolitana y aquellos con mayores ingresos y desigualdad social. Señaló que San Juan del Río proyecta para 2026 ingresos por mil 895 millones de pesos, recordando que en 2023 obtuvo mil 700 millones, en 2024 mil 800 millones y para 2025 se estima un cierre cercano a mil 900 millones de pesos.
Díaz Gayou indicó que en 2023 el municipio registró un ahorro de 13 millones de pesos, y cuestionó que, aunque pueden existir rezagos, no deberían acumularse montos tan elevados, como ha ocurrido en otras administraciones. También subrayó que en 2024 se registró un endeudamiento por 40 millones de pesos, coincidentemente en año electoral. Lamentó que, pese al potencial del municipio, persistan deficiencias en desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos.
Observaciones sobre adeudos fiscales
La diputada expuso que, aunque los municipios retoman lo establecido en el Código Fiscal de la Federación sobre la cancelación de adeudos, agregan criterios adicionales sobre “cambios de situación jurídica”, lo que —advirtió— abre la puerta a condonaciones discrecionales. Señaló que se pretende permitir cancelaciones por cambios como mayoría de edad, estado civil, identidad de género, modificación de estatutos o cambios de socios en personas morales.
“Esto es ambiguo, impreciso y discrecional”, afirmó.
Traslado de dominio y cobro del DAP
Respecto al Traslado de Dominio, Díaz Gayou aseguró que San Juan del Río propone cobros ilegales, pues la Ley de Hacienda Municipal establece que las viviendas de interés social con valor de hasta 1.5 millones de pesos no deben pagar este impuesto, y las de hasta 3 millones, solo deben cubrir el equivalente del tope mínimo. Sin embargo, el municipio pretende aplicar un cobro de 289 mil pesos en adquisiciones iniciales, incluso para casas dentro de rangos de interés social y popular.
De igual forma, señaló que el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) se realiza de manera irregular y adelantó que presentará una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que Tequisquiapan es el único municipio que aplica el cobro correctamente conforme a la ley.
Ayudas sociales y marco constitucional
La diputada recordó que el artículo 28 constitucional prohíbe las condonaciones y exenciones fiscales, reforma aprobada en 2019 para evitar que grandes empresas evadan créditos fiscales. Señaló que el movimiento de la Cuarta Transformación impulsa reformas para que existan ayudas sociales directas a la ciudadanía, con el fin de facilitar el pago del predial u otras contribuciones municipales sin recurrir a condonaciones ilegales.
Tarifas de agua y deuda proyectada
En el tema del agua potable —administrada directamente por el municipio—, la legisladora indicó que también existen observaciones en las tarifas solicitadas. A su vez, advirtió que la propuesta de adquirir una deuda de 180 millones de pesos coloca al municipio en el límite del techo permitido por la Ley de Disciplina Financiera, que sería de 193 millones de pesos. Exigió que se transparenten los proyectos, obras o destinos específicos de dicho financiamiento.
Continuidad del análisis ciudadano
Finalmente, la diputada Rosalba Vázquez Munguía anunció que este viernes a las 16:00 horas se llevará a cabo un foro ciudadano para continuar con el análisis del presupuesto estatal y fomentar la participación de la sociedad en el proceso legislativo.
