En rueda de prensa, la diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la Fracción Legislativa del PT e integrante del movimiento de la Cuarta Transformación, presentó un análisis detallado y diversas inconsistencias detectadas en el Proyecto de Ley de Ingresos 2026 del municipio de Querétaro. Estuvo acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, el regidor Fernando Flores y la dirigente estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León.
La legisladora subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se pretende usar el recurso público. Explicó que, si bien el municipio proyecta una recaudación de 7 mil 960 millones de pesos para 2026, esta cifra no coincide con el comportamiento histórico de ingresos: 8 mil 166 mdp en 2023, 8 mil 333 mdp en 2024, y un estimado de 8 mil 500 mdp en 2025. Con base en ello, afirmó que la proyección realista para 2026 sería de 8 mil 700 mdp, por lo que llamó la atención sobre una diferencia de 700 mdp que —advirtió— podría prestarse a un uso discrecional al no estar debidamente etiquetados por el Ayuntamiento.
Asimismo, señaló que el municipio mantiene elevados niveles de subejercicio, con “guardaditos” que en 2023 alcanzaron 1 mil 883 mdp y en 2024 1 mil 661 mdp, lo que genera dudas sobre posibles fines electorales o uso discrecional de recursos. “El municipio dice que no tiene dinero, pero las cuentas públicas muestran otra cosa”, sostuvo.
Cuestionamientos sobre impuestos y beneficios fiscales
En cuanto al impuesto sobre traslado de dominio, la diputada expuso que el municipio plantea eliminar la deducción de 1.5 mdp para vivienda de interés social y popular. Recordó que la Ley de Hacienda de los Municipios establece esa deducción y que coincide con la propuesta de la 4T de proteger a familias de escasos recursos, al considerar la vivienda como un derecho, no una mercancía.
Sobre el impuesto predial, indicó que la propuesta municipal contempla un descuento de 12% en enero y 8% en febrero, mientras que la propuesta de la 4T —coincidente con municipios como El Marqués, San Juan del Río y Corregidora— es ofrecer 20% en enero y 8% en febrero, como un apoyo real a las familias que pagan de forma anticipada.
Díaz Gayou también señaló irregularidades en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues el municipio continúa aplicando un porcentaje del 8% sobre el consumo, fórmula que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afirmó que propondrán que el cobro se realice conforme a la fórmula establecida en la iniciativa de ley, para evitar ilegalidades.
Observaciones sobre condonaciones y cancelaciones de adeudos
La diputada también criticó que la propuesta faculte al secretario de Finanzas municipal a condonar o eximir contribuciones a discreción, recordando que el artículo 28 constitucional prohíbe esas prácticas. Señaló que, si bien apoyan a personas afectadas por fenómenos naturales o en situación de vulnerabilidad, la vía correcta es reformar la Ley para el Manejo de Recursos Públicos y otorgar ayudas sociales para el pago de impuestos, sin violar la Constitución.
Alertó además sobre una disposición que permitiría cancelar adeudos fiscales debido a cambios en la “situación jurídica” del contribuyente, lo cual calificó como ambiguo y susceptible de beneficiar a personas allegadas o financiadores políticos. “Con esta propuesta podrían condonarse adeudos a amigos o empresarios, y por supuesto lo vamos a rechazar”, afirmó.
Llamado a revisión en los 18 municipios
En su intervención, el regidor Fernando Flores reiteró las observaciones sobre opacidad y recordó que votó en contra del paquete en Cabildo. Confió en que el Legislativo realice un análisis profundo y reencauce el contenido de la iniciativa municipal.
Finalmente, la diputada Claudia Díaz adelantó que revisarán las Leyes de Ingresos de los 18 municipios y harán públicos sus análisis, comenzando por Corregidora, San Juan del Río y El Marqués. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué quieren hacer con los recursos públicos para el próximo año”, enfatizó. Agregó que su labor se centra en evidenciar inconsistencias y presentar propuestas que abonen a la visión de la Cuarta Transformación: reducir la desigualdad social, redistribuir los recursos y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.
