El diputado local Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura del Estado, acompañado por la regidora Mireya Fernández y vecinos del fraccionamiento Puerta Real, sección Villa de Duero, en el municipio de Corregidora, denunció la continuación en la construcción de una gasolinera, a pesar de que el Ayuntamiento revocó el cambio de uso de suelo del predio en cuestión.
Durante el pronunciamiento público, el legislador afirmó que el uso del Congreso como plataforma para expresar estas preocupaciones ciudadanas es reflejo de la falta de atención por parte de las autoridades municipales. Señaló que el cambio de uso de suelo —de habitacional a comercial y de servicios— fue realizado en los últimos meses de la administración pasada sin consultar ni notificar a los vecinos ni a los desarrolladores del fraccionamiento, quienes inicialmente fueron informados que se trataba de una plaza comercial.
“El proyecto se construye a escasos metros de viviendas, sin que exista información pública sobre el impacto ambiental ni de protección civil. Es una muestra de cómo, lamentablemente, se favorece a particulares por encima de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”, indicó Piedragil Ortiz, quien también hizo un llamado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se garantice la transparencia del proceso legal en curso y se escuche a las y los vecinos afectados.
Por su parte, el representante condominal de Villa de Duero, Alfonso Fernández, relató que desde 2023 comenzaron a observar irregularidades en la obra. En octubre de 2024 ingresaron oficios para solicitar la suspensión de la licencia de construcción. Posteriormente, el 14 de febrero de 2025, tras reunir firmas de los condóminos, el Ayuntamiento aprobó en Cabildo la revocación del uso de suelo para la estación de servicio, decisión que fue presentada como definitiva. Sin embargo, recientemente fueron notificados de que la empresa desarrolladora inició un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del municipio, lo que obligó a los vecinos a intervenir como terceros afectados.
La regidora Mireya Fernández recordó que el cambio de uso de suelo se otorgó originalmente sin cumplir dos requisitos fundamentales: evitar conflictos sociales y contar con la anuencia vecinal. Destacó que el cabildo actual actuó en favor de la ciudadanía al revertir ese acuerdo de manera unánime, aunque reconoció que el proceso legal podría prolongarse. “El empresario está ejerciendo su derecho a defenderse legalmente, pero confiamos en que la justicia prevalecerá del lado de la comunidad”, afirmó.
Vecinas y vecinos de Puerta Real reiteraron su preocupación por los riesgos que representa la instalación de una gasolinera en una zona residencial y solicitaron a las autoridades que se respete la decisión del cabildo y se priorice la seguridad, la salud y el bienestar colectivo.
